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FISCAL GENERAL PIDE SUPERAR VETO PRESIDENCIAL DE REFORMA A LA UIF

Por: Roberto Mendoza; agosto 23, 2018

FISCAL GENERAL PIDE SUPERAR VETO PRESIDENCIAL DE REFORMA A LA UIF

La divulgación de un documento confidencial que hizo el Expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, llevó a El Salvador a enfrentar un proceso legal a nivel internacional el cual se ventila en el Grupo Egmont desde el año 2014; el referido Organismo Internacional el 17 de julio de 2017 emitió advertencia de suspensión de membresía para la UIF El Salvador, respecto de continuar como miembro del Grupo Egmont, lo que ha conllevado a limitar el acceso a la información en otros países.
Como consecuencia de este proceso se nos impuso el cumplimiento de 8 condiciones esenciales, lo cual fue cumplido a satisfacción del Equipo evaluador del Grupo Egmont; sin embargo, en visita realizada a nuestro país, señalaron que la normativa regulatoria de la UIF, específicamente el Art. 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, establecía que esa norma no garantizaba autonomía en el análisis financiero realizado por UIF, y advirtieron el riesgo de injerencia de otros funcionarios, como la ocurrida en la divulgación que hizo Funes Cartagena.
En tal sentido, la Fiscalía General con el apoyo de la mayoría de las fracciones legislativas, ha promovido en dos ocasiones, reformas de ley para darle cumplimiento a requerimientos internacionales, tendientes a brindar de autonomía técnica a la UIF, siempre manteniendo a esta oficina adscrita a la Fiscalía General.
El Presidente de la República vetó recientemente, la reforma al Art. 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, contenida en el Decreto Legislativo N° 57, emitido por la Asamblea Legislativa el 20 de julio de 2018, por considerarlo inconstitucional por supuestamente contravenir los Arts. 86 y 193 Cn., fundamentando que esta reforma le resta atribuciones exclusivas del Fiscal General de la República; lo cual como ya se mencionó anteriormente, no es así, en vista que el Fiscal General es quien mantiene la dirección funcional de la investigación del delito.
Sobre el referido veto, rechazamos los argumentos del mismo y por lo tanto, lo consideramos improcedente; en vista que la reforma legal no resta las atribuciones constitucionales del Fiscal General para la investigación del delito de lavado de dinero y de activos, debido que esta función es ejercida por medio de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos (UECLA); y por su parte, a la UIF le corresponde desarrollar las acciones técnicas de recepción de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), análisis y diseminación de información financiera; aclarando con lo anterior, que la UIF -dentro de la Fiscalía- no es una Unidad Organizativa de investigación del delito y promoción de la acción penal, sino que es una unidad de análisis de información.
La autonomía funcional y técnica de la UIF, se refiere al manejo de la inteligencia financiera (cualquier información de inteligencia: identificación, definición y clasificación y verificación de información que será útil a una investigación criminal), garantizando que no tendrá injerencias indebidas por parte de funcionarios ajenos a la inteligencia financiera.
El veto presidencial, y por lo tanto, la no aprobación de la reforma legal relacionada al funcionamiento de la UIF El Salvador, tendrá las siguientes consecuencias:
1. A partir del 24 de septiembre del presente año, la UIF El Salvador será sancionada -suspendida o expulsada del Grupo Egmont-, el cual es un organismo internacional que aglutina a la gran mayoría de las UIF del mundo; y por lo tanto, se cancelará la potestad de la UIF para intercambiar información con 156 Unidades homólogas internacionales, lo cual imposibilitará realizar los análisis financieros necesarios en la investigación del lavado de dinero y de activos. del exterior con el fin de complementar sus análisis. La información que la UIF solicita a las UIF de otros países es sumamente determinante para orientar las investigaciones de la FGR en lavado de dinero, sin embargo el veto implica que la UIF ya no tendrá acceso a la plataforma que le permite el intercambio de información y ya no podrá proveer a la FGR información de inteligencia necesaria para la depuración de sus casos, tampoco podrá recibir solicitudes de intercambio de información procedentes de otros países; de tal manera que el veto a esta reforma legal, se traduce en un beneficio para los lavadores de dinero, a nivel nacional e internacional.
2. El Salvador podría ser incluido en la lista de paraísos fiscales, y formar parte de una lista oscura (Gris o Negra) de GAFI, lo cual impactaría negativamente de la siguiente forma:
a) El principal daño es el efecto reputacional del país, que la medida causa ante la comunidad financiera y comercial internacional;
b) El país estaría limitado en el acceso a fuentes de financiamiento externo en general;
c) Las Instituciones financieras pagarían mayores costos a sus bancos corresponsales por transferencia en el extranjero. Estos costos extra serán la consecuencia de tener que realizar revisiones de debida diligencia adicionales, y tener que examinar con mayor profundidad todas las transacciones financieras entrantes y salientes de El Salvador;
d) Los inversionistas, bancos corresponsales o cualquier entidad que realicen acciones financieras con un país o entidades que se domicilian en él, primero miden el riesgo crediticio y los estándares que la contraparte tiene respecto al lavado de dinero;
e) El efecto general del incremento en la percepción de riesgo se traduce que a mayor riesgo equivale a un costo más elevado para hacer negocios en El Salvador.

En tal sentido, lamentamos el veto emitido por el Presidente de la República, ya que sostuvimos reuniones explicativas y argumentativas con la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, en donde se les expuso la necesidad y legalidad de esta reforma de ley; por otra parte, es importante señalar que en los últimos años ha existido un interés por parte del Órgano Ejecutivo, de tener el control de la UIF y consecuentemente, de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Finalmente, el Fiscal General de la República hace el llamado a los diputados y diputadas de todas las fracciones legislativas, para superar el veto presidencial a la reforma al Art. 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y que sea considerado como un tema de país, evitando las consecuencias negativas en el sistema socioeconómico de El Salvador; caso contrario, se estaría fomentando la corrupción y la impunidad en el país.

Antiguo Cuscatlán, 22 de agosto de 2018.