Sanciones Contra Funcionarios Nicaragüenses
El 9 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas in inglés) designó a cuatro funcionarios del régimen de Ortega por su participación en las acciones opresivas del régimen.
De conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 (Bloqueo de la Propiedad de Ciertas Personas que Contribuyen a la Situación en Nicaragua), las cuatro personas designadas son: Camila Antonia Ortega Murillo, Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, Julio Modesto Rodríguez Balladares y Edwin Ramón Castro Rivera. La Orden Ejecutiva 13851 está dirigida a personas quienes son funcionarios del Gobierno de Nicaragua o quienes se han desempeñado como funcionarios de ese gobierno en algún momento a partir del 10 de enero de 2007.
Los funcionarios ahora designados son cómplices de los esfuerzos del régimen de Ortega para socavar la democracia en Nicaragua y reprimir las libertades de los nicaragüenses.
El Gobierno de Nicaragua no ha adoptado medidas de reforma electoral significativas a fin de promover elecciones libres y justas antes de convocar a elecciones presidenciales programadas para noviembre de este año, incluido el hecho de ignorar una resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de fecha 21 de octubre de 2020 que pedía la implementación de reformas electorales a más tardar en mayo 2021.
Por el contrario, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado una serie de leyes represivas que han socavado aún más la democracia y el estado de derecho en Nicaragua. Entre éstas, la ley aprobada el 4 de mayo que codifica motivos para excluir a los candidatos de los partidos políticos de participar en las elecciones públicas; así como una ley aprobada el 9 de febrero que podría obligar a los bancos a prestar servicios a personas sancionadas o enfrentar acciones punitivas.
El régimen de Ortega también canceló los registros de los partidos de oposición y acosó a los candidatos de la oposición y a los medios de prensa independientes. Cuatro de los diez candidatos presidenciales han sido detenidos por el Gobierno de Nicaragua durante una serie de maniobras dirigidas contra candidatos y partidos políticos. Los candidatos detenidos son Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga. Estados Unidos pide su liberación inmediata. Ha llegado el momento para que el régimen de Ortega restaure las garantías constitucionales y los derechos humanos e implemente reformas significativas a un proceso electoral viciado.
Hay costos cuando un gobierno se aleja de los valores democráticos que se comprometió a defender y que pretende encarnar. Estados Unidos continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición, incluidas las sanciones, para apoyar el llamado de los nicaragüenses para lograr una mayor libertad y responsabilidad y elecciones libres y justas. Estados Unidos continuará trabajando con socios regionales y globales para promover la rendición de cuentas del régimen de Ortega.
INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS SANCIONADAS:
Camila Antonia Ortega Murillo (Camila Ortega) es asesora e hija del Presidente Ortega y de la Vicepresidenta Murillo y Coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa. Desde 2011, Camila Ortega dirige la estación de televisión Canal 13, un medio de comunicación familiar que difunde propaganda estatal mientras el presidente Ortega usa el gasto público y las leyes fiscales para para promover los canales manejados por la familia y asfixiar a los medios rivales independientes.
Leonardo Ovidio Reyes Ramirez (Reyes) es el Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN). Según los informes, se asegura que los empleados del BCN voten en las elecciones y toma represalias contra quienes se oponen al régimen. Es uno de los principales implementadores de la nueva Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, la cual podría obligar a los bancos a prestar servicios a personas y entidades sancionadas y, en el proceso, aislar aún más a las instituciones financieras de Nicaragua del sistema financiero mundial. Por favor, tome nota que la sanción únicamente aplica para Reyes, ya que el BCN no ha sido sujeto de sanciones.
Julio Modesto Rodríguez Balladares (Rodríguez) es General de Brigada del Ejército de Nicaragua y Director Ejecutivo del Instituto de Bienestar Social Militar, Fondo de Inversión Pública del Ejército de Nicaragua. Los militares proporcionaron armas a las fuerzas policiales y paramilitares que condujeron a los actos de violencia contra manifestantes pacíficos.
Edwin Ramon Castro Rivera (Castro) es Diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua (ANN) y miembro de la Comisión Especial de Asuntos Electorales. Castro y la Comisión apoyaron y defendieron las controvertidas disposiciones de la Ley Electoral aprobada por la ANN el 4 de mayo de 2021 que han alejado a Nicaragua de la democracia y de los objetivos señalados en la resolución de la OEA. Estas reformas codifican la represión electoral del Gobierno de Nicaragua, no prevén mecanismos transparentes para contar los votos y publicar los resultados y facultan a la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) para aprobar mítines políticos, reuniones de partidos y otras reuniones políticas. El gobierno de EE. UU. sancionó a la PNN en marzo de 2020 por su participación en graves abusos contra los derechos humanos. Estas reformas podrían conducir a la restricción de los partidos políticos para participar en las próximas elecciones y recibir financiamiento del exterior, incluso de ciudadanos nicaragüenses residentes en el exterior.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de estas personas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser reportados a la OFAC. Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades en las que el 50 % o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a tales personas. Las regulaciones de OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas designadas.
