Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Con el objetivo reforzar el conocimiento técnico, actualizar criterios normativos y fortalecer el enfoque basado en riesgos, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR concluyó con las jornadas de capacitación sobre el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y la aplicación de sanciones financieras dirigidas.
La actividad contó con la participación de representantes de la Superintendencia del Sistema Financiero, instituciones bancarias, proveedores de servicios de activos digitales, personal de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía y de la Comisión Nacional de Activos Digitales.
La segunda jornada, realizada este jueves 30 de abril, abrió con la ponencia de Rocío Cañas, asistente técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), quien abordó las funciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), orientadas al desarrollo y promoción de políticas nacionales e internacionales en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.
Durante su intervención, explicó que el financiamiento del terrorismo es un delito autónomo, que no requiere que se cometa un acto terrorista, sino que se centra en la intención o el conocimiento del destino ilícito de los fondos.
También se habló sobre el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, incluyendo aquellas de carácter biológico y nuclear, que son un riesgo para la seguridad internacional.
Por su parte, el director de la UIF, Néstor Guzmán, destacó la importancia de este tipo de espacios y reafirmó el compromiso de fortalecer las capacidades frente a uno de los riesgos más complejos del sistema financiero y del orden internacional.
“El financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva no solo representan una amenaza para la seguridad global, sino que también comprometen la estabilidad económica, la integridad de las instituciones financieras y la confianza de la ciudadanía”, dijo.
El director de la UIF también mencionó que, a diferencia de otros delitos financieros, estas actividades suelen ser discretas, fragmentadas y difíciles de detectar, por lo que la labor preventiva es fundamental.
En una segunda intervención, Rocío Cañas profundizó sobre las sanciones financieras dirigidas, incluyendo los procesos de exclusión de listas (delisting), el descongelamiento sin demora y los mecanismos de comunicación con el sector.
Como cierre de la jornada, se presentaron las conclusiones del simulacro de implementación de sanciones financieras dirigidas y cómo El Salvador ha avanzado en el cumplimiento de las acciones recomendadas.
Además, se destacó que el país cuenta con un marco legal sólido, que se han realizado ejercicios prácticos para evaluar su implementación, que la efectividad del sistema depende de mecanismos robustos de prevención y de la coordinación entre sujetos obligados, además de que se cuenta con las autoridades competentes.
Entre los principales resultados del simulacro se destacaron: la aplicación oportuna de congelamientos simulados, el uso efectivo de canales oficiales, la implementación de formatos estructurados de reporte, la coordinación entre la UIF, la FGR y el juez, así como la alta participación y disposición de los involucrados.
