San Salvador, 18 de septiembre de 2026. El Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CIPLAFT) celebró su primera sesión ordinaria del Consejo Directivo, en la que fue aprobado el reglamento que establece su organización, funcionamiento, atribuciones y responsabilidades.

La aprobación de este instrumento representa un paso fundamental para la consolidación del trabajo del CIPLAFT y permite establecer el marco operativo para el desarrollo de sus funciones, en concordancia con la normativa nacional y los compromisos internacionales aplicables en materia de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La sesión contó con la participación de los miembros titulares del Consejo Directivo, así como con el acompañamiento de los enlaces técnicos de las instituciones que integran el Comité, reafirmando el carácter interinstitucional de este mecanismo de coordinación estratégica.

El CIPLAFT es un organismo permanente de consulta y coordinación estratégica, encargado de diseñar y proponer al Órgano Ejecutivo políticas, estrategias y planes de acción orientados a prevenir y combatir el lavado de activos y sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entre sus funciones también se encuentra promover la articulación, coordinación y coherencia de las políticas y acciones desarrolladas por las instituciones competentes, en el marco del Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

Con la celebración de esta primera sesión ordinaria y la aprobación de su reglamento, el Consejo Directivo del CIPLAFT inicia formalmente una nueva etapa de trabajo, orientada a fortalecer la coordinación entre las instituciones que conforman el Comité y a desarrollar acciones conjuntas frente a los riesgos asociados al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.